Por: Fernando Gutiérrez Coto

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) condenó a la Municipalidad de Paraíso  al pago de costas, daños y perjuicios, por las actuaciones del alcalde, Marvin Solano Zúñiga,  quien previo al plebiscito que definía si se quedaba en el cargo o era destituido,  “obstaculizó” gestiones de la comisión organizadora del proceso.

La sentencia del TSE se emitió el pasado ll de junio,  con el número  3435 –E1-20l8 y en ella se explica que el Tribunal acogió el Recurso de Amparo contra el jerarca municipal interpuesto  por la regidora Xiomara Sánchez, quien coordinó el plebiscito y que lo denunció  por atrasar compras y apoyo logístico que estaba obligado a dar a los organizadores.

De acuerdo a la sentencia firmada por el presidente del TSE Luis Antonio Sobrado  y  por los magistrados Max Esquivel, Zetty María Bou, Luis Diego Brenes, y Juan Antonio  Casafont,  se da por un hecho que el departamento de proveeduría, dependencia  sujeta al alcalde,  atrasó adquisiciones que requerían la comisión pro plebiscito.

Para los firmantes, esa conducta constituye “una conducta improcedente” y “vulneró  derechos fundamentales de la recurrente”.

“Específicamente, se  considera que el retraso en la elaboración y entrega del  material informativo preparado con ocasión del plebiscito revocatorio de Paraíso constituye  una situación grave, suscitada en gran medida por las dilaciones en que incurrió  la persona  encargada del departamento de Proveeduría de esa Municipalidad, quien valga señalar  depende jerárquicamente del recurrido (Solano Zúñiga)”.

El pago de las costas daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaración,  deben liquidarse en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El director de la proveeduría de la Municipalidad de Paraíso es el ingeniero Omar Chavarría.

Andrei Cambronero, Letrado del TSE, explicó a Brujos vía telefónica que ahora será la regidora Sánchez, la encargada de elevar la sentencia al Tribunal Contencioso Administrativo para que se apegue a la legalidad judicial.

“Cuando se condena el resultado es a favor de la persona que puso el amparo”, dijo. “En la denuncia presentada hubo algunos aspectos que desechamos pero habían otros de mucho peso como lesión de derechos de los ciudadanos”, agregó. “Ahora lo que sigue es el proceso más simple como lo es la ejecución del contencioso para el trámite de liquidación”, puntualizó.

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